LA REPÚBLICA AVASALLADA PARA CONSAGRAR IMPUNIDAD
La Coalición Cívica denunció Superpoderes del Jefe de Gabinete: “La finalidad del DNU es limitar y condicionar la autarquía del Poder Judicial. Esto es una clara maniobra ideada por la Vicepresidenta para avasallar la República y garantizar la impunidad”
Diputados de la Coalición Cívica ARI presentaron hoy una denuncia penal para que se investiguen a los funcionarios públicos “responsables de los eventuales delitos de usurpación de autoridad, abuso de poder y concesión de facultades extraordinarias” cometidos a través del Decreto 457/2020 que otorga al Jefe de Gabinete la atribución de modificar el 100 por ciento de las partidas del presupuesto.
“La finalidad de esta maniobra es doblegar a las instituciones de la República a fin de ser funcionales a las necesidades de una sola persona: Cristina Fernández de Kirchner”, advirtieron y aseguraron que la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal 10 a cargo del juez Julián Ercolini, apunta a “Cristina Fernández y los funcionarios públicos que ejecutan sus órdenes para consagrar impunidad”.
La denuncia fue presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Mónica Frade, Lucila Lehmann y Marcela Campagnoli.
“La finalidad del DNU es limitar y condicionar la autarquía del Poder Judicial para garantizar impunidad. Esto es una clara maniobra ideada por la Vicepresidenta de la Nación”, remarcaron los legisladores.
“La República es avasallada para garantizar la impunidad”, aseguraron y señalaron, en relación al Decreto 457/2020, que “la modificación de la totalidad del presupuesto puede afectar no sólo el presupuesto al Poder Legislativo sino también al Poder Judicial, cuya independencia se vería seriamente afectada por el porcentaje asignado de los fondos del Tesoro Nacional”.
En ese sentido, aseguraron que “el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades propias del Congreso de la Nación, que es el órgano constitucionalmente habilitado para fijar anualmente el presupuesto de gastos y recursos; no el Poder Ejecutivo y menos un funcionario de menor jerarquía como lo es el jefe de Gabinete, funcionario que él designa y remueve, sin siquiera necesitar acuerdo del Senado”.
“El decreto viola el principio de división de poderes, el principio de reserva legal del Congreso de la Nación y las normas de procedimiento que expresamente prevé la Constitución Nacional para la materia presupuestaria”, manifestaron desde la CC ARI y recordaron que “la sanción de la ley de presupuesto fue expresamente encomendada al Congreso en el artículo 75 inciso 8 de la Constitución, en tanto el Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones legislativas en los casos en los que la Constitución Nacional fija un trámite parlamentario específico y obligatorio”.
“Aquí está claramente expresada la suma del poder público”, subrayaron en la denuncia y expresaron que “con la aplicación del DNU un funcionario podría decidir quitar las partidas presupuestarias al Congreso de la Nación cercenando la representación del pueblo de la Nación y las provincias. En igual sentido, podría condicionar la autarquía del Poder Judicial de la Nación distorsionando los alcances de la Ley 23.853, tornándose peligroso y condicionante”.
“El Presidente ya cuenta con un instrumento legal para intervenir presupuestariamente en virtud de la pandemia que estamos atravesando. El artículo 39 de la Ley de Administración Financiera establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar, no incluidas en la ley de presupuesto general para atender el socorro inmediato por parte del gobierno en casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor”, explicaron.
Por tal motivo, los diputados de la CC ARI alertaron que “el objetivo final no es la atención de las necesidades de la sociedad ante una epidemia sino afectar el sistema de división de poderes y sus pesos y contrapesos”