NOTA DE DIPUTADOS NACIONALES DE LA CC ARI AL PRESIDENTE DE YPF

La Coalición Cívica ARI le solicitó al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que “adopte las decisiones adecuadas” para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados respecto de la expropiación la compañía y se pueda avanzar con la recuperación del dinero proveniente de los hechos de corrupción

COMUNICADO DE PRENSA

Buenos Aires, viernes 14 de febrero de 2020

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió; Paula Oliveto; Maximiliano Ferraro; Juan Manuel López; Mariana Stilman y Mariana Zuvic, le enviaron hoy una nota al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, en la que le solicitan que “adopte las decisiones adecuadas” para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados respecto de la expropiación de la compañía y se pueda avanzar con la recuperación del dinero proveniente de los hechos de corrupción.

Los legisladores nacionales de la CC ARI le expresaron su “inquietud” por la causa judicial en la que el fondo Burford —que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi— le reclama al Estado Argentino una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF.

“No podemos dejar de manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que quien esté a cargo de la defensa del Estado sea Carlos Zannini —en su carácter de Procurador del Tesoro de la Nación- que, como es de público conocimiento, fue director del Banco de Santa Cruz, propiedad de la familia Eskenazi quienes, precisamente, vendieron sus derechos al fondo Burford, que actualmente demanda a nuestro país. Sobre este punto cabe aclarar que Burford se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30% de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi. Consecuentemente, el conflicto de intereses resulta manifiesto: el funcionario a cargo de la defensa del Estado argentino mantiene una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, estarían detrás de ellos”, asegura.

Además, la nota enviada por los diputados de la CC ARI a Nielsen recuerda que “resulta indispensable comunicarle que en el año 2006 quienes suscriben la presente nota junto a otros diputados nacionales realizamos una denuncia penal contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales —que dio origen al inicio de la causa N° 3518/2006, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7— para que se investigara si la compañía petrolera había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros, además de solicitar que se investigara la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía. Cabe recordar que dicha causa fue ampliada en varias oportunidades a fin de poner en conocimiento de la justicia toda la información, documentación y pruebas de la que fuimos tomando conocimiento, sobre todo teniendo en cuenta la posterior expropiación de la compañía y la determinación del valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol”. “En la mencionada presentación judicial sostuvimos que en nuestro país, anualmente, se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana y que esta circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda la cadena hidrocarburífera”, agregaron.

Desde la CC ARI volvieron a enumerar, en su carta, la suma de irregularidades que se sucedieron durante el proceso de expropiación de YPF y afirman que “lo que desde el gobierno argentino de aquellos años se presentó como ´un paso hacia la nacionalización´ del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol- YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol-YPF era el líder”. “Así, sostuvimos que la venta del 25% de las acciones de YPF, puso al descubierto —palmariamente— que se trató de la ejecución de una nueva matriz de saqueo y vaciamiento”, añadieron.

“En suma, relatamos que fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF endeudaron a la empresa, mientras las reservas y la producción cayeron en un pozo sin fondo. En cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1000 millones y con eso repagaron gran parte de los US$ 2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera”, concluyen los diputados nacionales de la CC ARI en su nota al nuevo presidente de la compañía.